Nuevas víctimas mortales calientan la toma indígena de Lima

Al menos dos personas han muerto en vísperas de la llamada Toma de Lima, planteada para este jueves por miles de quechuas y aymaras procedentes del sur de Los Andes, lo que ha añadido aún más tensión al desafío indígena.

La Defensoría del Pueblo hizo público que una mujer murió durante un bloqueo de vías en La Libertad, uno de los 105 puntos donde se han presentado cierre de carreteras por quienes apoyan las demandas indígenas. Los protestantes exigen el cese de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales.

El Parlamento, organismo del Estado que sufre el mayor rechazo de la sociedad, decidió a última hora suspender sus actividades programadas para hoy, tras aprobar ayer el adelanto de las elecciones para abril de 2024, una medida que los manifestantes consideran insuficiente.

La segunda víctima, con la que se llega a 51 muertos desde el inicio del conflicto en diciembre, se registró otra vez en Puno, epicentro de la tragedia peruana. Una mujer falleció durante los violentos enfrentamientos con la Policía en la provincia de Carabaya, después de que las comunidades despidieran a sus delegados camino de Lima.

«No queremos más muertos, no queremos más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú», clamó Vicente Romero (manifestante), al frente del Ministerio de Interior desde hace seis días. El general retirado instó a los manifestantes a cumplir la ley y subrayó que tanto policías (casi 11.000 hoy en Lima) como militares «están atentos para defender la democracia».

El trato violento dispensado contra quienes protestan fue criticado por el enviado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido ayer en Washington.

«Algunas autoridades estigmatizan a indígenas como terroristas o senderistas (miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso), entre otras ofensas», acusó Stuardo Ralón, vicepresidente de la CIDH y relator especial para Perú.

Ralón destacó que las autopsias han confirmado que al menos seis de los asesinados recibieron disparos directos a cabeza y tórax, lo que aprovechó para insistir al Estado que respete el uso proporcional de la fuerza durante las manifestaciones. El enviado de la CIDH también criticó el uso de la violencia por parte de los manifestantes, sobre todo contra edificios públicos y la propia Policía.

Fuente: El Mundo