La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin citando su responsabilidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
El tribunal ubicado en La Haya menciona la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso que califica de un crimen de guerra y señala que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.
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«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos», comentó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
La vocera precisó que «Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo», ni coopera con este organismo. «Las posibles ‘prescripciones’ de detención que emanen de la Corte Penal Internacional serán jurídicamente nulas para nosotros», añadió.
Junto con el presidente, el tribunal ha dictaminado el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
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La funcionaria también comentó la decisión del tribunal: «Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejamos en la zona de guerra, que los sacamos, que creamos buenas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta. Ha habido sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí, ahora hay una orden de detención, me pregunto qué pasará después… bueno, seguimos trabajando», manifestó, por su parte, Lvova-Belova.
Por su parte, el senador ruso Andréi Klishas llamó a las autoridades a emitir una orden de detención de los jueces de la CPI.
«La orden de la CPI no tiene base ni consecuencias jurídicas. Ahora no sólo Rusia, sino también varios Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no reconocen la jurisdicción de la CPI. Al tomar una decisión tan absurda, la CPI ha tomado el camino de autodestrucción. Rusia debe emitir inmediatamente una orden de detención contra todos los ‘jueces’ de la CPI», escribió el legislador en su canal de Telegram.
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La CPI fue constituida en 2002 para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El documento constitutivo, el Estatuto de Roma de 1998, fue ratificado por 123 países, que no incluyen a Estados Unidos, Rusia, China, Israel, entre otros.
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