La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que investiga las responsabilidades del exmandatario estadounidense, Donald Trump en el saqueo contra Venezuela, presentó pruebas, y nombres y apellidos de algunos de los dirigentes de la oposición venezolana, que participaron en los planes de agresión y robo de los recursos del país.
El presidente de la comisión, diputado Pedro Infante, mostró este jueves el dossier con el adelanto de los resultados de la investigación, ante la Plenaria del parlamento, donde solicitó una prórroga de 30 días más, la cual fue aprobada, para completar la investigación asignada por el Poder Legislativo Nacional, y que servirá para tomar acciones al determinarse varios delitos cometidos contra la Constitución y diversas leyes nacionales e internacionales, incluso de la Convención de Viena y contra el terrorismo de la ONU.
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“Han surgido algunas propuestas legislativas, pero no es tiempo de decir aún en qué consisten estas propuestas legislativas, pero también proponemos una agenda que se está construyendo en esta comisión especial, para la denuncia formal en instancias nacionales e internacionales, y una gran movilización popular en función de que nuestro pueblo pueda levantar la voz en defensa de nuestra Patria de la soberanía y de los intereses nacionales”.
Además, propuso la realización de foros con movimientos sociales, de mujeres, salud, educación, alimentación, personal petrolero, trabajadores y trabajadoras, que fueron víctimas de las acciones imperiales.
Responsables del saqueo
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Informó que la investigación arroja la revisión de toda la actuación de la Asamblea Nacional, período 2016-2020, que en desacato constitucional aprobó 24 acuerdos, tres leyes y seis actos administrativos, con designación ilegal de supuestos funcionarios en las industrias nacionales petroleras, desde PDVSA hasta las ubicadas en el extranjero, como Citgo.
En el primer balance mencionó «algunos de los responsables nacionales: Juan Guaidó, David Smolansky, Freddy Guevara, Juan Goycochea, María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa, Antonio Ledezma, Gustavo Tarre Briceño, Elías Mata, Carlos Vecchio, Juan José Rendón, Miguel Pizarro, José Ignacio Hernández, Gustavo Marcano, Alberto Federico Ravell, William Dávila, Ismael García, José Guerra, Freddy Superlano, Luis Palacio, Horacio Medina, y la lista es más larga, pero la dejo hasta acá”, adelantó.
Asimismo, nombró algunas personas e instituciones como autores internacionales, entre ellos: el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, algunos de sus voceros y funcionarios, como Mark Esper, John Bolton, Mauricio Claver, Ron DeSantis, Elliott Abrams, William Browmfield, William Barr, Luis Almagro, y otros voceros de la OEA. También, algunos expresidentes de América Latina y voceros de organismos como Departamentos de Estado y del Tesoro, Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Comando Sur, el Consejo de Seguridad Nacional, la Fiscalía General de EE. UU., la compañía de mercenarios norteamericana Silvercorp y la Exxon Mobil, entre otros.
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Infante detalló que algunos documentos que se constituyen como prueba del delito de traición a la Patria. Mostró un comunicado de la Organización llamada “Vente Venezuela”, firmado por María Corina Machado, donde solicitaron la invasión de fuerzas concertadas extranjeras contra Venezuela. Asimismo, declaraciones públicas de Henrique Capriles, y otros dirigentes políticos.
Además, una gaceta legislativa del miércoles 20 de febrero de 2019, que autoriza ilegalmente el nombramiento para ejecutar cargos del órgano de intervención llamada “Junta Administradora de Accionistas” y “Junta directiva de Petróleos de Venezuela”, aprobado por los diputados que formaban parte de esa AN en desacato y que -curiosamente- fue reafirmado por la supuesta “AN en el exilio”.
“Aquí se van definiendo responsabilidades por delitos nacionales e internacionales”, dijo Infante, quien brevemente, dibujó la línea del tiempo de cómo estos actores delicuenciales actuaron en estos nueve años de agresiones continuas contra el pueblo venezolano, mediante 930 medidas coercitivas unilaterales cada año, desde el 2015 al 2023, con las llamadas “sanciones” directas e indirectas contra la economía nacional.
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“Es decir, vamos a determinar delitos cometidos con responsables nacionales e internacionales y propondremos un conjunto de acciones que, desde la Asamblea Nacional, y en coordinación con el resto de los Poderes Públicos nacionales, tendremos que realizar con muchísima fuerza y con muchísimo pueblo, para defender a la Patria de todos los ataques extranjeros y sus lacayos nacionales”.