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El Salvador: por vigésima novena vez el régimen de excepción

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la vigésimo novena ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, a pesar de los avances en la lucha contra las pandillas.

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Sesión de la Asamblea Legislativa de El Salvador durante la aprobación de la vigésimo novena ampliación del régimen de excepción.

La Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este jueves la vigésimo novena ampliación del régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, a pesar de las afirmaciones del gobierno de haber controlado las pandillas. Con 57 votos a favor de un total de 60, la extensión fue aprobada, manteniendo la suspensión de derechos constitucionales hasta el 7 de septiembre.

El régimen de excepción, que permite la detención administrativa prolongada, la suspensión del derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, ha sido una herramienta central del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que ven en ella una erosión de las garantías constitucionales.

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A pesar de que el gobierno ha declarado haber «sanado» al país de la influencia de las pandillas, la Asamblea Legislativa justificó la nueva ampliación por la existencia de «remanentes» de estos grupos criminales, que continúan generando actividades delictivas. Según el decreto aprobado, estos remanentes representan una amenaza significativa que el Estado debe seguir combatiendo.

El presidente Bukele ha defendido la medida en reiteradas ocasiones, argumentando que «El Salvador está más seguro que nunca». Sin embargo, opositores y críticos sostienen que la prolongación del régimen de excepción solo refuerza un clima de represión y control excesivo, con efectos negativos en los derechos fundamentales.

El régimen de excepción se instauró en marzo de 2022 como respuesta a un aumento significativo de la violencia relacionada con las pandillas. Desde entonces, según cifras oficiales, se han registrado más de 81,100 detenciones bajo este marco legal, con más de 7,000 personas liberadas bajo condiciones especiales. La medida ha sido renovada repetidamente, convirtiéndose en la principal estrategia del gobierno contra el crimen organizado.

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A pesar de la efectividad proclamada por el gobierno, la Constitución de El Salvador establece que el régimen de excepción debe levantarse una vez superada la situación que lo originó. No obstante, el Ejecutivo ha logrado mantenerlo en vigencia argumentando que los remanentes de pandillas aún representan una amenaza.

La vigésimo novena ampliación del régimen de excepción plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos constitucionales en El Salvador. Mientras el gobierno continúa con su política de mano dura, sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional seguirán de cerca los efectos de estas medidas en el país.

El régimen de excepción ha sido un factor clave en la reelección inmediata del presidente Bukele, a pesar de las restricciones constitucionales en El Salvador que tradicionalmente han impedido mandatos consecutivos.

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Vía EFE

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