América Latina
Dina Boluarte declara ante Fiscalía por presunto cohecho pasivo
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada por la Fiscalía tras ser acusada de haber aceptado una «promesa de archivo» en una investigación por genocidio, homicidio y lesiones graves, relacionada con las protestas de 2022-2023.
El caso se centra en la presunta promesa de archivo de una investigación preliminar en contra de Boluarte por genocidio, homicidio y lesiones graves, derivada de las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Dichas manifestaciones dejaron 49 muertos y decenas de heridos, atribuidos a una respuesta policial desmedida, según informes periodísticos e investigaciones internacionales.
En un mensaje difundido en la red social X, la Fiscalía de la Nación confirmó que Boluarte fue interrogada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en relación con la supuesta promesa realizada por Benavides a cambio de que la presidenta mantuviera al entonces director de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Raúl Alfaro Alvarado.
Acusaciones en curso
La Fiscalía investiga si Boluarte habría aceptado mantener en su cargo a Alfaro Alvarado como comandante general de la PNP a cambio de la promesa de archivar la denuncia en su contra. Esta denuncia estaba relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas, por lo que se investiga a la mandataria por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
El Ministerio Público precisó que se está recopilando toda la información relevante y tomando las declaraciones correspondientes para esclarecer los hechos. El caso ha generado un amplio interés público y la expectativa de posibles repercusiones para el gobierno de Boluarte.
Contexto de la investigación
Las protestas antigubernamentales, que comenzaron a finales de 2022, fueron desencadenadas por la destitución del expresidente Pedro Castillo y la llegada de Boluarte al poder. La respuesta de las fuerzas de seguridad durante estos meses ha sido duramente criticada por organismos internacionales, que acusan al gobierno de usar una fuerza desproporcionada para reprimir las manifestaciones, lo que resultó en decenas de muertes.
Hasta el momento, no se ha definido si Boluarte enfrentará algún proceso judicial adicional en relación con estas protestas, aunque este caso por cohecho podría tener importantes consecuencias para su administración.
La declaración de Boluarte ante la Fiscalía representa un nuevo capítulo en una investigación que podría impactar su gestión y la estabilidad política en Perú. Las autoridades judiciales continúan evaluando las pruebas y testimonios, mientras la mandataria sigue bajo la lupa por su presunta responsabilidad en las protestas violentas y las decisiones relacionadas con la cúpula policial.
Vía EFE
