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Defensor público general solicita revisión de sentencia
Daniel Ramírez acudió al TSJ para defender el acceso al trabajo y estudio de los detenidos en Venezuela.
El defensor público general de la República, Daniel Ramírez, presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar una decisión emitida por una corte de apelaciones del estado Lara. Dicha sentencia limita el derecho al trabajo y estudio de privados de libertad en los centros de detención del país.
Ramírez explicó que esta acción se enmarca en las actividades realizadas por su despacho en los últimos meses, enfocadas en garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. «Podemos decir que en la fase de ejecución hemos atendido a todos los privados de libertad», declaró Ramírez, subrayando los esfuerzos para mejorar las condiciones de los detenidos.
El defensor público detalló que, durante el año 2024, se ha asistido a más de 35 mil personas privadas de libertad en diferentes etapas del proceso judicial. Además, anunció que, una vez culminada esta fase, se implementarán nuevos planes en 2025, con medidas adicionales que incluyan recursos de revisión constitucional.
Reducción de la población penitenciaria
Ramírez destacó un logro significativo en la reducción de la población penitenciaria del país. Según informó, Venezuela pasó de tener 100 mil privados de libertad a cerca de 50 mil detenidos, lo que refleja un cambio importante en el sistema de justicia penal.
«Estamos comprometidos en garantizar que los derechos fundamentales de los privados de libertad sean respetados, especialmente en áreas esenciales como el trabajo y la educación», añadió Ramírez.
Esta solicitud ante el TSJ se suma a las medidas adoptadas recientemente para reformar el sistema penitenciario venezolano, incluyendo la promoción de programas educativos y laborales en los centros de detención.
El recurso interpuesto por Ramírez responde a la necesidad de alinear las decisiones judiciales con los principios constitucionales que garantizan los derechos humanos. La corte de apelaciones del estado Lara limitaba dichas garantías, según el defensor público.
La solicitud presentada por Daniel Ramírez ante el TSJ busca establecer precedentes favorables para los privados de libertad y fortalecer el respeto a sus derechos fundamentales. Estas acciones evidencian un compromiso por mejorar las condiciones de las personas detenidas en el país, promoviendo su reinserción social.
Vía Unión Radio
