El presidente Javier Milei decretó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., operadora de rutas y autopistas del país.
El Gobierno de Argentina oficializó este viernes la privatización de Corredores Viales S.A., empresa estatal encargada de la gestión de la infraestructura y tránsito de autopistas nacionales. Con este cambio, las concesionarias privadas asumirán la operación de las rutas, obteniendo el derecho a cobrar peajes a los usuarios a cambio de realizar el mantenimiento y las mejoras necesarias.
Un déficit millonario y el fin del rol estatal en las autopistas
El comunicado oficial de la Presidencia justificó la medida asegurando que la administración de las autovías no debe ser responsabilidad del Estado. «Desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje», afirmó el documento.
Además, el Gobierno denunció que Corredores Viales cerró 2023 con un déficit de aproximadamente 300.000 millones de pesos (equivalente a 300 millones de dólares), reforzando la necesidad de transferir su gestión al sector privado.
Nueva Agencia de Transformación gestionará la privatización
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó en conferencia de prensa que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas liderará el proceso de privatización. Según detalló, este culminará con la disolución y liquidación de Corredores Viales una vez que se adjudiquen y perfeccionen los contratos con las empresas seleccionadas.
Adorni destacó que este modelo permitirá mayor flexibilidad en la ejecución de obras viales. «El sector privado encontrará mejores mecanismos para la subcontratación de las obras sin las restricciones que imponía la Ley de Obra Pública», aseguró. Asimismo, subrayó que la competencia entre concesionarias impulsará precios más competitivos y una gestión más eficiente.
Antecedentes: un plan anunciado en 2023
La decisión de privatizar Corredores Viales no es nueva. En octubre del año pasado, el Gobierno ya había adelantado su intención de transferir la gestión al sector privado, argumentando que la empresa estatal era deficitaria y no cumplía con estándares mínimos de operación y mantenimiento.
Con este anuncio, el Ejecutivo de Javier Milei continúa con su política de desestatización y reducción del gasto público, alineada con su visión de un Estado más eficiente y menos intervencionista en la economía.
Vía EFE
