Opinión
¿Qué busca López Obrador con la reforma electoral?
Por: Maykel Navas. – El presidente de México Andrés Manuel López Obrador acaba de obtener otra victoria política sobre los partidos de la oposición mexicana con la reforma de varias leyes electorales y una nueva, del mismo sector, lo que significa desde su retórica presidencial y de las organizaciones políticas que lo respaldan, quitarle el control a quienes el mandatario ha llamado “mafias electorales” de toda la vida. Este triunfo legislativo desató multitudinarias marchas de protestas en la capital y varias de las más grandes ciudades del país.
Este es un enfrentamiento político iniciado en abril de 2022 con la presentación al Congreso de la Unión de una Iniciativa de Reforma Constitucional, la cual era una reforma profunda de todo el sistema electoral y su ente rector conocido como Instituto Nacional Electoral (INE). Luego de varias revisiones y discusiones internas y externas, el capítulo legislativo decisivo se dio el pasado 6 de diciembre, cuando fue negada por no contar con la mayoría calificada. El segundo choque fue el pasado 22 de febrero de este año 2023, cuando se aprobó, por mayoría simple, un paquete de leyes llamado por el presidente “Plan B”, menos ambicioso que el anterior, pero, aun así, reforma gran parte del aparato burocrático electoral.
Pero veamos cómo se han desarrollado los hechos hasta ahora, para poder dar una idea de la significación de estas nuevas leyes, su posibilidad de implementación y la reacción de la sociedad civil y los partidos políticos.
En México todas las reformas realizadas al sistema electoral, ocho exactamente, en los últimos cuarenta y cinco años, han tenido dos características en común: primero todas han sido propuestas en los primeros tres años del sexenio, (recordemos que el periodo presidencial en ese país dura seis años) y segundo, han sido iniciativas de los partidos de oposición. Las realizadas en el siglo pasado sirvieron para abatir el ventajismo oficial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las de la presente centuria, para modernizar e independizar al ente electoral de los gobiernos de turno.
La primera de estas reformas se realizó en 1977, luego las de 1986 y 1989-90, esta última, es muy importante porque dio pie a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), ente autónomo que le quitaba el control y organización de todos los eventos electorales a la Comisión Federal Electoral, órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior en otros países). Esta medida significó, en la práctica, despojar del control de las elecciones al partido PRI, que pasó 71 años consecutivos en el poder, desde 1929 hasta el año 2000.
Las siguientes modificaciones ocurrieron en 1993, 1994, 1996, y la de 2007-2008, que redundaron en el fortalecimiento del IFE. En 2014 se reforma a profundidad el instituto, creando una nueva autoridad electoral, de nombre Instituto Nacional Electoral (INE), dándole rango constitucional y nacional, otorgándole más autonomía financiera y política, así mismo, se crearon organismos técnicos internos y externos dependientes de éste.
Riesgos y ventajas en las dos proposiciones de reforma del presidente
Para una parte de la sociedad civil mexicana, el INE ha alcanzado una gran confianza como árbitro fiable, con altos estándares de capacidad técnica, responsable de construir un sistema electoral limpio, que acabó con los regulares fraudes del pasado a favor del partido de gobierno, en fin, es un pilar fundamental del actual sistema democrático mexicano. De allí el enfrentamiento y lo violento del rechazo a las modificaciones oficiales.
Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE (2003-2007), dice no entender la actual posición de López Obrador contra un instituto que ha garantizado el crecimiento y los triunfos electorales de él y su partido, que al día de hoy controla hasta el 60% de los cargos de elección popular en ese país.
Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara y exconsejero del Instituto Federal Electoral, señaló que el INE es una pieza de relojería organizacional, acreditada durante más de dos décadas, que hoy está amenazada de muerte por la reforma electoral diseñada al gusto del presidente de México.
La coalición electoral “Va por México”, integrada por el PRI, PAN y PRD, está preocupada por todas estas modificaciones, apenas, a un año de las elecciones presidenciales de 2024. Acusan al presidente López Obrador y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de querer desmantelar al INE, quitarle autonomía financiera, política y tomar el control total del instituto, en un retorno a la terrible hegemonía del partido de gobierno sobre la actividad electoral como ocurría en el pasado.
Como mencionamos con anterioridad, la actual controversia legislativa se inició en abril de 2022, con la introducción al congreso de la reforma de 18 artículos de la constitución en materia electoral. Entre maniobras dilatorias de la oposición, programas y debates en los medios de comunicación, así como marchas populares a favor o en contra de la ley, se llegó al 6 de diciembre, cuando los diputados debían decidir sobre la iniciativa. Es de hacer notar que todas las Iniciativas de Reforma Constitucional, en México, deben contar con mayoría calificada para su aprobación o lo que es lo mismo, dos terceras partes de los integrantes de la cámara donde se vote (diputados o senadores). Morena y sus aliados obtuvieron 269 votos, necesitaban 334 de 500 que es el pleno.
Ciertamente, MORENA y el presidente López Obrador sabían que no podían lograr la mayoría calificada, pero, a conciencia, provocaron debates y discusiones que sirvieron para poner sobre la mesa una crítica al órgano electoral y la necesidad, desde su perspectiva, de reformarlo. Este rechazo los llevó a formular el llamado “Plan B”. Este plan contempla una serie de leyes de menor rango constitucional, pero que igual tocan elementos constitutivos, estructurales y operativos del INE. Para la aprobación de este paquete de leyes sólo se necesitaba la mayoría simple, mayoría con la que cuenta el partido de gobierno en las dos cámaras y así ocurrió el 22 de febrero de este año.
Iniciativa de Reforma Constitucional introducida en abril de 2022
Esta iniciativa proponía transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Lo que parece un simple cambio de nombre, contemplaba mucho más, en realidad era colocar al INEC como un instituto únicamente a cargo de organizar elecciones y consultas a la población, lo que no es poca cosa, pero le quita esa condición adquirida supraconstitucional que defiende el ingeniero Lorenzo Córdova, actual consejero del presidente del INE: “…más allá de la organización de comicios, el INE también funciona como un órgano de control del poder, algo importante en un país presidencialista. Así se lo dijo a Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de Los Angeles Times en México.
Con respecto al comentario del ingeniero Lorenzo Córdova, es necesario recordar que la autoritas del INE nace por ser un organismo independiente, técnico, creado para organizar elecciones de forma confiable y justa, respetando la voluntad popular. Es un exabrupto que el consejero jefe le abrogue una facultad que no le ha sido dada constitucionalmente y que sólo la tienen por derecho los otros poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial. Esta es una de las razones del presidente López Obrador, pretende retomar el rol original de ese organismo.
Otro aspecto a modificar es la reducción del número de directivos INE, de once consejeros a siete que serán electos mediante el voto ciudadano, y la rebaja de los astronómicos sueldos. Los defensores del actual instituto señalan que con la elección popular es probable que se pierda calidad técnica entre los directos.
Se pretenden eliminar varios organismos permanentes internos, externos, así como los regionales y locales, responsables de las instalaciones físicas de las votaciones y de otras operaciones relacionadas las elecciones. Ello se propone con la finalidad de que solo el INEC se encargue de elecciones federales, regionales y locales. Quienes se niegan a este cambio, señalan que se corre el peligro de llegar al día de las elecciones y no estén instaladas las casetas o puntos de información. El presidente ha sido claro, el instituto y las elecciones mexicanas son de las más costosas del mundo. Existe duplicidad de organismos y de funciones con un aumento permanente de los costos de funcionamiento. El mandatario reiteró que, con las reducciones, el país se ahorra hasta mil quinientos millones de dólares, que, según él, esperaba invertirlos en materias sociales.
También se contempla la anulación de una disposición llamada sarcásticamente «cláusula de la vida eterna», la cual admite que un partido minoritario de alguna coalición electoral que no haya conseguido el 3% en elecciones federales, mínimo legal para seguir activo, pueda conservar su estatus al recibir un transvase de votos de otro partido de la coalición a la cual pertenece. Esto de por sí, no solo es un descaro, sino una anomalía permitida por un vacío legal. Esta tan arraigado este recurso que los pequeños partidos de la coalición gubernamental, se manifestaron en contra en las dos oportunidades que se presentó al congreso (en diciembre y febrero).
Se propone la implantación del voto electrónico en todos los eventos electorales y en la totalidad de las casetas electorales del país. Este punto es apoyado por la mayoría de los políticos y la sociedad en general.
Otro punto: eliminación de asignaciones presupuestarias a los partidos políticos para el funcionamiento de su estructura partidistas, pagar los sueldos de sus directivos. Solo contemplaba financiamiento público a los partidos para campañas electorales. Algunos calculan que ese financiamiento, fuera de campaña electoral en los últimos seis años ronda los mil millones de dólares.
“Plan B”
Este plan es una versión menos drástica que la primera presentada el año pasado, se basa en un conjunto de leyes ordinarias, como ya fue mencionado, que sólo necesitan de mayoría simple para su aprobación. Fueron introducidas el mismo 6 de diciembre, cuando fue negada la proposición original.
El “Plan B” está compuesto por: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos; y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Incluye un nuevo instrumento denominado Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Todas estas modificaciones y nueva ley fueron aprobadas en la cámara de diputados el 7 diciembre del 2022 y finalmente por el senado federal, el 22 de febrero de este año,
Aunque es menos ambiciosa que la anterior, no deja de ser una profunda reforma del INE, que toca gran parte de su estructura: reduce su tamaño, elimina varios órganos internos y externos dependientes del instituto, reduce los miembros consejeros, rebaja sus altos sueldos, baja los costos de funcionamiento y, sobre todo, ata el presupuesto del organismo al presupuesto nacional, evitando las operaciones de financiamiento autónomas como hasta hoy se realizaban.
La presidencia reitera que el espíritu del conjunto de leyes sólo busca la restructuración administrativa del instituto, la redimensión de los entes electorales, reducir su enorme tamaño y bajar los costos de funcionamiento. En relación con el último aspecto, el mandatario insiste en que las reformas al instituto lograrán un ahorro directo de 150 millones de dólares al año. Igual garantiza que no pierde eficacia en sus actividades.
En fin, firmadas por el ejecutivo y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las leyes están en vigencia y comienzan a ser aplicadas. La primera acción fue la destitución del consejero secretario, Edmundo Jacobo Molina, que con 15 años en el cargo, fue defendido por sus compañeros, quienes acusan al presidente López Obrador de dirigir una retaliación personal en contra del funcionario. En todo caso, el INE ha instalado un comité para implementar de manera inmediata todas las nuevas normativas.
Los escenarios de confrontación cívica que se vislumbran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a donde se dirigen los recursos legales de impugnación, introducidos y por introducir por los partidos políticos de oposición, ONG y las propias autoridades del INE. Además, están anunciadas varias manifestaciones de apoyo y rechazo a las reformas electorales.
Posiblemente las acciones legales comenzarán a ser revisadas a mediados de este año, y quizás sean invalidados algunos de los artículos, como sucedió con la Iniciativa de Reforma Eléctrica de 2021, sin embargo, buena parte de estas leyes quedarán vigentes. Manuel López Obrador enfrenta a las coaliciones opositoras y una parte de la sociedad civil, con la seguridad de tener un alto porcentaje de aceptación, de acuerdo con las encuestas, y con la percepción general de que su partido ganará la próxima elección presidencial, en julio de 2024.
Tomado de https://politikaucab.net/
