Claudio Fermín: Los cambios que convienen a todos

Desde el PSUV preparaban un 1° de mayo de avance político porque pasarían a la ofensiva con un aumento salarial. Algunos opositores se frotaban las manos porque, conocedores de que el gobierno carece de fondos, tenían la certeza de que ningún aumento se produciría y podrían arremeter contra el “presidente obrero” que traicionaba a su clase. Cuando Maduro hizo el anuncio, activistas de su partido le gritaron cara a cara su contrariedad ante lo que consideraban una burla. Esperaban mucho más. Desde la oposición tildaron a Maduro de inconsecuente, de estafar a los trabajadores y recordaron al país que la corrupción había agotado todo el dinero público. De allí el ridículo aumento que el presidente en vano pretendía convertir en buena noticia. Ningún sector se dio por servido con las medidas tomadas por Maduro.

Estando la canasta alimentaria familiar en 490 dólares mensuales y siendo el salario mínimo, incluido cesta ticket, de tan solo 7 dólares, cualquier ajuste salarial que no estuviera por lo menos en el rango de 300 dólares sería el centro de críticas como “eso no alcanza”, “esa es una violación del artículo 91 de la Constitución”, “este gobierno hambreador sigue castigando al pueblo”. La verdad es una sola. El gobierno no tiene dinero que ofrecer a millones de empleados al servicio del Estado, que se especula sean unos cinco millones de personas, pero que la inexistencia de cuentas públicas oficiales impide cuantificar con exactitud. No hay real para un aumento importante para ese universo de personas. No faltó, sin embargo, desde los terrenos de la demagogia y de la irresponsabilidad, quien reclamara al gobierno que el salario mínimo había que llevarlo por lo menos a 400 dólares. Por supuesto, sin explicar de dónde saldrían esos reales.

Los reclamos salariales no van a esperar hasta el 1° de mayo del año entrante 2024, seguirán a diario y con la gente en la calle. Esas exigencias no tienen fecha de vencimiento mientras el costo de la vida se mantenga en cotas escandalosas. La solución no está en ver de qué partidas se pueden juntar excedentes y con esos sobrantes de aquí y de allá armar un nuevo paquete de ajustes salariales. Ya no hay paños calientes que poner. Es obligante tomar decisiones que vayan al fondo de los correctivos para que se aumente la producción y los trabajadores tengan ingresos dignos para mantener a sus familias, ahorrar y realizarse.

El gobierno tiene que abrir compuertas para fortalecer la economía, para crear nuevas unidades de producción. Es obligante bajar el encaje legal que hace que los bancos represen el 75% de sus fondos. El Banco Central cree tener más poder con eso y los bancos se quedan sin dinero para prestar. No hay dinero en la calle para promover y ampliar empresas, para generar puestos de trabajo. Las pocas iniciativas que se han tomado los últimos años han estado a cargo de quienes lo han hecho a pulmón propio, con sus propios ahorros ¿Quién ha podido hacer eso? Quienes tenían ahorros, poder de acumulación, la alta clase social y la alta clase media, con lo que la propiedad está viviendo un grosero proceso de reconcentración en pocas manos. Es urgente quitar del medio esa traba para el desarrollo económico que es el encaje legal.

No se puede seguir corriendo la arruga en materia de reorganización del Estado. El actual modelo de 44 ministerios; centenares de “empresas” del Estado que nada emprenden ni nada producen; decenas de “fundaciones” públicas creadas al capricho de gente con poder; no sirve para desarrollar el país. Este Estado distrae el dinero público. Nada lo hace bien. Ni dota a los hospitales; ni resuelve el problema de la infraestructura que afecta la dotación de agua, la distribución eléctrica, la dotación de gas doméstico, y la vialidad rural. Las cárceles son depósitos de gente y las escuelas continúan sin laboratorios, bibliotecas, ni canchas deportivas. El día a día del Estado sigue signado por multitud de procedimientos, permisos, y otros papeleos que favorecen la corrupción. Nada expedito en ninguna parte.

Necesario cambiar a un Estado que se concentre en las prioridades: salud, educación, infraestructura, protección del ambiente, justicia, seguridad, ciencia y tecnología. Hay que transferir a los particulares espacios de producción que el Estado ha secuestrado para nada. Ni lava ni presta la batea. No produce, niega los espacios de producción a los venezolanos, y es un pésimo administrador. Ese Estado gigantesco, hipertrofiado, de millones de personas en la nómina, que nada producen, ha hecho imposible el aumento de salarios. Imposible aumentar a millones que no producen un solo bolívar para proveer el aumento. Y ese Estado es el primer obstáculo para que los particulares generen puestos de trabajo con ingresos dignos.

Las funciones de contraloría no pueden estar en manos de los propios controlados. Urgen contralorías autónomas, independientes, que ayuden en mejores administraciones que hagan rendir los dineros públicos en beneficio de todos los ciudadanos.

EL actual modelo de Estado interventor, centralista, hipertrofiado, despilfarrador, monopolizador de actividades económicas y obstáculo para el desarrollo de las iniciativas particulares hoy enfrenta, además de sus propios demonios, un criminal bloqueo que ha privado a Venezuela de la libertad de comercio indispensable para nuestro crecimiento y desarrollo económico. Ha sido la peor agresión externa que hemos recibido en toda nuestra historia como Nación. Ese hecho requiere también una sólida respuesta de parte de todos los sectores del país.

¿Serán capaces aquellos que coincidieron en que los ajustes salariales fueron insuficientes en acordarse todos contra el bloqueo? ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo para acabar con el gigantismo del Estado que consume clientelarmente los recursos que deberían destinarse a las inversiones, a la salud y a la educación? ¿Seremos capaces o seguirá la primitiva polarización extrema que termina echándole al otro la culpa de todo?

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