Experto: El amor de Estados Unidos por las sanciones será su ruina

Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, en un artículo publicado este lunes 24 de julio, enfatiza sobre cómo las sanciones se han convertido en la herramienta de política exterior de los gobiernos occidentales, encabezados por Estados Unidos.

A continuación texto íntegro:

Imagínese esto: una cumbre mundial de todos los gobiernos y funcionarios públicos y privados que han sido sancionados por los Estados Unidos. La foto familiar presentaría a un grupo diverso de líderes de toda África, Asia, América Latina y el Medio Oriente, y no se diferenciaría mucho del G-7 o cualquier otra reunión semirregular en el calendario global. En el centro estaría China, presentándose orgullosamente como un aliado moral y diplomático, por no mencionar comercial y financiero, del club de gobiernos que han sido nombrados y avergonzados por Estados Unidos.

En las últimas dos décadas, las sanciones se han convertido en la herramienta de política exterior de los gobiernos occidentales, encabezados por Estados Unidos. Los recientes paquetes de sanciones económicas y personales aplicados a Rusia por su invasión de Ucrania, así como a las empresas chinas por razones de seguridad nacional, significan que las dos potencias se han unido a un creciente club de chicos malos designados por Estados Unidos, como Myanmar, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.

Según una base de datos mantenida por la Universidad de Columbia, un total de seis países (Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela) estaban bajo sanciones integrales de EE.UU., lo que significa que la mayoría de las transacciones comerciales y financieras con entidades e individuos en esos países están prohibidas por la ley de EE.UU. Otros 17 países, incluidos Afganistán, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Etiopía, Irak, Líbano, Libia, Malí, Nicaragua, Sudán y Yemen, están sujetos a sanciones específicas, lo que indica que las relaciones financieras y comerciales con empresas específicas, personas y, a menudo, el gobierno están prohibidas por la ley estadounidense.

Según una base de datos de la Universidad de Princeton, otros siete países, incluidos China, Eritrea, Haití y Sri Lanka, estaban bajo controles de exportación específicos. Esta lista, que ya es larga, ni siquiera incluye las sanciones dirigidas a individuos y empresas en países como El Salvador, Guatemala o Paraguay, o las sanciones impuestas a territorios como Hong Kong, los Balcanes o las regiones de Crimea, Donetsk o Luhansk en Ucrania.

Para 2021, según el informe del Departamento del Tesoro de EE.UU., La nación americana impuso sanciones a más de 9000 personas, empresas y sectores de las economías de países objetivo. En 2021, el primer año en el cargo del presidente estadounidense Joe Biden, su administración agregó 765 nuevas designaciones de sanciones a nivel mundial, incluidas 173 relacionadas con los derechos humanos. En total, los países sujetos a algún tipo de sanciones de EE. UU. representan colectivamente un poco más de una quinta parte del PIB mundial. China representa el 80 por ciento de ese grupo.

Ahora, una creciente coalición de gobiernos autocráticos está tratando de reescribir las reglas del sistema financiero global, en gran parte en respuesta a la ubicuidad de las sanciones estadounidenses. Es hora de reconsiderar cómo estas medidas punitivas están erosionando el mismo orden occidental que debían preservar.

El peso desproporcionado de Beijing en la lista de países sancionados por Estados Unidos es un problema. Eso se debe a que el Partido Comunista Chino se ha convertido en un aliado económico, diplomático y moral del sur global.

El colaborador habitual de Foreign Policy, Daniel W. Drezner, y la columnista Agathe Demarais, politóloga y economista, respectivamente, han publicado recientemente argumentos detallados sobre cómo los gobiernos sancionados por EE.UU. han explotado las lagunas en el régimen de sanciones de EE.UU. para socavar el daño previsto de estas medidas y han construido medios a menudo ilícitos para reemplazar su dependencia del dólar y el sistema financiero occidental.

A diferencia de muchas de estas naciones sancionadas, China tiene el peso económico, la creciente influencia diplomática, la estabilidad monetaria y la liquidez, al menos por ahora, para impulsar la creciente adopción internacional del renminbi y los esquemas financieros chinos, como su sistema de pago interbancario transfronterizo.

China también proporciona un mercado considerable y lucrativo para el comercio de las exportaciones de los países sancionados, como el petróleo y el gas de Venezuela, Rusia o Irán. Aunque muchos de los mercados comerciales desviados son costosos e ineficientes, proporcionan suficiente renta para sostener a los gobiernos objetivo.

Estos acuerdos financieros paralelos liderados por China conllevan importantes riesgos sistémicos para Estados Unidos y sus aliados.

Uno es el creciente número de países no sancionados en el sur global que se unen a una economía mundial paralela contra las sanciones. Al regresar de su viaje de abril a Beijing, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró su apoyo a una moneda comercial entre los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Al plantear la iniciativa, Lula citó sus preocupaciones sobre una economía global dominada por el dólar, donde Estados Unidos aprovecha el dominio del dólar para su política exterior punitiva.

Dentro del club BRICS, al que al menos media docena de otras economías emergentes están haciendo cola para unirse, solo dos países están bajo algún tipo de sanción: China y Rusia. Los otros tres, en particular India, son países con los que Estados Unidos tiene asociaciones cada vez mayores y, por lo tanto, es poco probable que sean objeto de sanciones estadounidenses en el corto plazo. En otras palabras: incluso los socios estadounidenses están protegiendo sus apuestas contra las políticas de sanciones extraterritoriales de Washington.

La promesa de Lula representa un deseo genuino y creciente entre muchos miembros del sur global de liberarse del dominio del dólar y del sistema financiero de los Estados Unidos, incluso si algunas de esas razones provienen de una solidaridad fuera de lugar. Es hora de que Washington reconozca que su amor por las sanciones puede estar socavando su propio poder económico y diplomático en todo el mundo.

Más allá de los esfuerzos aún incipientes, pero que probablemente perduren, para desplazar al dólar, existe una amenaza más inmediata a la influencia occidental: las sanciones secundarias a la compra de deuda en dificultades.

Cuando los países no pagan sus préstamos, o parecen estar a punto de hacerlo, los grandes prestamistas institucionales buscarán descargar esa deuda en los mercados secundarios de deuda a otros inversores por una fracción del precio. Cuando esos países están bajo sanciones de EE.UU., los inversionistas occidentales son reacios a comprar sus bonos en dificultades, y los actores más turbios, a menudo antagonistas de EE.UU., tienden a intervenir.

Venezuela es un caso ilustrativo. En 2017, Caracas incumplió $60 mil millones en deuda externa después de dejar de pagar $200 millones a los acreedores. Desde entonces, a medida que se acumularon los intereses, la deuda de Venezuela creció.

Tres meses antes del incumplimiento, la administración de Donald Trump impuso una nueva ronda de sanciones a Venezuela que impidió que el mandato del presidente Nicolás Maduro, con problemas de liquidez, regresara a los mercados de capitales de EE.UU. para recaudar dinero nuevo para renovar su deuda. Aunque era parte de la estrategia sin rumbo de «máxima presión» de la Casa Blanca para sacar a Maduro del poder, la medida tenía una lógica particular: permitir que los inversionistas estadounidenses permitieran que Venezuela refinanciara la deuda de bajo rendimiento fue una mala apuesta.

Lo que ha sucedido desde entonces debería dar que pensar tanto a los defensores de las sanciones como a los encargados de formular políticas estadounidenses. A medida que se prolongaba el incumplimiento de pago de Venezuela y la crisis económica, muchos de los tenedores institucionales originales de bonos venezolanos en los EE.UU., incluidos los fondos de pensiones y fideicomisos, se movieron para deshacerse de la deuda riesgosa a precios bajos y distorsionados. Pero bajo la amenaza de sanciones y multas de EE.UU., tanto para inversores estadounidenses como no estadounidenses, porque las sanciones secundarias de EE.UU. son extraterritoriales, a los inversores institucionales e individuales con sede en Occidente se les prohibió o no se atrevieron a arriesgarse a comprar la deuda de Venezuela.

Como resultado, una parte cada vez mayor de esa deuda en mora ha migrado a tenedores en la sombra a través de los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros. Es difícil identificar quiénes son los compradores, pero varios analistas de mercado e inversores sospechan que estos nuevos acreedores son fachadas de compradores de China, Irán, Rusia y otros adversarios de EE.UU. Según una fuente de Mangart Capital, un fondo de cobertura en Suiza, el 75 por ciento de la deuda original de Venezuela de 2017 estaba en manos de intereses estadounidenses; hoy, se estima que esa cantidad ha disminuido a alrededor del 35 por ciento al 40 por ciento. Una gran parte se ha trasladado a misteriosos inversores en jurisdicciones desconocidas.

Esta tendencia dará a las economías fundamentalmente no basadas en el mercado un lugar cada vez mayor en la mesa cuando llegue el momento de renegociar las condiciones de la salida de la deuda de Venezuela y devolver al gobierno y a PDVSA a los mercados financieros. Los nuevos tenedores de bonos del país podrían evitar que un gobierno democrático y prooccidental llegue al poder y dejar a Caracas fuera de los intercambios globales de capital. En otras palabras: las sanciones de EE.UU. les están dando a los malos actores una participación en el futuro de Venezuela, aunque por ahora, las conversaciones parecen estar muy lejos.

Pero hay más: muchos de los bonos de Caracas fueron titulizados con activos en las ricas reservas de petróleo y gas del país. Al comprar esos fondos, los nuevos inversores tienen una participación no solo en la quiebra y recuperación de Venezuela, sino también en sus activos energéticos y, como resultado, en la seguridad energética mundial. Hay ejemplos recientes de inversionistas que incautan o embargan activos de la nación deudora para exigir o extorsionar el pago de la deuda incumplida, como después del incumplimiento de pago de Argentina en 2001, cuando el fondo de cobertura estadounidense Elliott Capital incautó un barco de la Armada Argentina en Ghana con más de 250 tripulantes a bordo.

Ya es bastante malo cuando un reticente agresivo con sede en EE.UU. está dispuesto a destrozar las relaciones con un vecino en nombre de las ganancias; se convierte en una amenaza geopolítica cuando una empresa o un gobierno que se opone a los intereses estadounidenses y occidentales podría obtener el control de los suministros de energía y la infraestructura, como podría ser el caso de Venezuela.

El gobierno también ha aprovechado la gran salida de bonos a precios de ganga para diseñar canjes de deuda por activos. Bajo este esquema, los bonos vendidos por inversionistas institucionales estadounidenses regulados son comprados por entidades no reguladas de procedencia desconocida fuera de los Estados Unidos y luego intercambiados a precios inflados con Caracas o PDVSA por activos.

El canje no cancela la deuda, sino que simplemente promete el pago a los tenedores a través de bienes, servicios o el cierre de reclamaciones pendientes. Respaldados por activos, esos bonos pueden venderse nuevamente en el mercado por efectivo, lo que les permite ser comprados por entidades no reguladas por los EE. UU. con la promesa de activos lucrativos en la industria energética de Venezuela, otorgándoles el control sobre los suministros energéticos globales críticos.

Desafortunadamente, es poco probable que los legisladores estadounidenses reconsideren seriamente su relación amorosa con las sanciones en el corto plazo. Su aplicación es fácil, barata y menos peligrosa que la amenaza de una acción militar.

Las sanciones se han convertido en la herramienta multiusos del arte de gobernar, destinadas a transmitir oposición a todo, desde invasiones militares hasta abusos de los derechos humanos, desde proliferación nuclear hasta corrupción, independientemente de si ayudan o socavan los intereses estadounidenses a largo plazo. Son un medio de señalización de la virtud que permite a los políticos mostrar que están haciendo algo frente a un tema determinado.

Pero se deben construir procesos objetivos y barandillas para garantizar que las sanciones se consideren de manera racional y que no socaven los intereses nacionales e internacionales. Estos deben incluir un proceso no partidista para revisar y comparar la efectividad de las sanciones con sus objetivos declarados.

Los legisladores estadounidenses deben ser claros y honestos acerca de cuáles son estos objetivos previstos. Cualquier proceso de revisión honesto también debe estar dispuesto a examinar si y cómo las sanciones pueden haber fortalecido el peso político y económico de los gobiernos y sus aliados económicos en los países sancionados y los actores ilícitos tanto a corto como a largo plazo. Como hemos visto en Cuba, Irán, Corea del Norte y Venezuela, las sanciones no producen el resultado rápido esperado de un cambio de régimen sino que, con el tiempo, refuerzan las alianzas entre los regímenes objetivo.

Gran parte de esto requerirá una voluntad sobria por parte de los formuladores de políticas de ambos partidos para considerar un hecho básico: a veces las sanciones no funcionan. Y en muchos casos, están socavando activamente los intereses estadounidenses.

Con información de FP