La Fiscalía de Perú presentó este lunes una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su presunta implicación en el escándalo conocido como «caso Rolex». El Ministerio Público detalla que Boluarte habría recibido tres relojes Rolex y otras joyas de lujo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, a cambio de favores políticos.
Boluarte habría recibido, además de los Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes. Estas joyas, según la Fiscalía, fueron entregadas para que la mandataria realizara actos propios de su cargo, favoreciendo a Oscorima con fondos para su provincia.
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📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado. pic.twitter.com/l5lF6fxWzt
La presidenta es acusada de cometer cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. La Fiscalía cuestiona la firma de tres decretos supremos y tres decretos de urgencia por parte de Boluarte, promulgados entre marzo de 2023 y marzo de 2024, como parte de estas acciones cuestionadas.
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Boluarte enfrenta diversas investigaciones por irregularidades, incluyendo una denuncia constitucional por las muertes en protestas antigubernamentales. El «caso Rolex» es el más reciente y sonado, sospechándose que usó relojes y joyas de lujo a cambio de regalías para el gobernador regional.
En medio de este escándalo, el gobierno de Boluarte anunció una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Argumentan un presunto «menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República».
El Poder Judicial peruano declaró infundada la tutela de derechos presentada por la defensa de Boluarte por el «caso Rolex». Consideraron que los argumentos de la mandataria carecen de sustento fáctico y jurídico.
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Este caso añade presión sobre Boluarte, cuyo gobierno ya enfrenta desafíos por diversas denuncias y la inestabilidad política en Perú.
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